Español — 29 September 2015

bolivia altiplano

Por

Eduardo Frajman

foto por Noemí Galera

La ubicuidad de la protesta social es una de las más destacadas características del actual período de democracia en América Latina. Me refiero específicamente al brote de la multitud, a la insurrección de la calle, a la movilización del “pueblo” como agente activo del proceso político. Agente temporal, eso sí, transitorio, fugaz y, sobre todo, no violento. En nuestra región, la era de las insurrecciones guerrilleras y las revoluciones armadas es, con poquísimas excepciones, una reliquia del pasado. La violencia contemporánea casi nunca es ideológica, sino descaradamente criminal. En el ámbito político es la movilización pacífica la que se ha normalizado. Esto constituye una victoria, aunque imperfecta, del desarrollo social latinoamericano en el siglo veintiuno.

No faltan casos de inmensas movilizaciones populares en otras partes del mundo. Instancias recientes incluyen la Revolución Naranja en Ucrania (2004), la Revolución de los Cedros en el Líbano (2005) y la Revolución de las Sombrillas en Hong Kong (2014), pasando por la Primavera Árabe y las enormes protestas de los Indignados en Grecia y España en los años 2011-2012. Sin embrago, en estos casos el brote popular se dio en contextos autoritarios o semi-autoritarios, o fue desplazado por otros actores políticos y rápidamente relegado a los márgenes. En América Latina, por el otro lado, las grandes revoluciones callejeras en Ecuador (2000 y 2005), Costa Rica (2000), Argentina (2001-2002) y Bolivia (2003 y 2005) marcaron el principio de la era de las sociedades en constante movimiento, donde los actores del juego político entre las elites partidarias se ven permanentemente forzados a tomar en cuenta el potencial del alzamiento popular y la disrupción de la vida cotidiana.

Pocos años han hecho esto tan evidente como el 2015, que ha visto, hasta ahora, masivas protestas en contra de la corrupción y la crisis económica en Brasil, marchas de indignación en Argentina, la deposición de un presidente en Guatemala, demostraciones estudiantiles en Chile y múltiples alzamientos populares en el Ecuador. En México continúan las caminatas de dolor y furia sobre los cuarenta y tres desaparecidos en Ayotzinapa, en Bolivia los mineros de Potosí descienden sobre la capital demandando proyectos de infraestructura, en Colombia los granjeros ocupan el Ministerio de Agricultura, en Costa Rica los sindicalistas amenazan a responder duramente a las críticas de los medios de comunicación.

Mientras que en los países “desarrollados” es principalmente una herramienta en disposición de grupos de interés específicos, la protesta social en América Latina es eminentemente populista. El populismo, según el pensador argentino Ernesto Laclau, es el proceso de “crear al pueblo” por medio del manejo simbólico de la acción política. La movilización masiva adquiere legitimidad cuando es entendida como representativa de la voluntad popular, y la pierde cuando es vista como la irrupción de una minoría perversa sobre la ciudadanía. El “pueblo,” cabe subrayar, nunca representa al Pueblo, a la ciudadanía en su totalidad. El concepto del “pueblo” es, adoptando la terminología de Laclau, un “significante vacío.” El secreto de la legitimidad está en apoderarse de la identidad popular, temporalmente, para un fin específico. Los titulares mediáticos alrededor del mundo, por ejemplo, hablan del “pueblo” de Guatemala en rebelión contra su presidente corrupto, pero la realidad es que estas movilizaciones se dieron más que nada en centros urbanos, con poca participación de campesinos o grupos indígenas.

Está de moda en ciertos círculos ideológicos despreciar el papel de la movilización populista como una manifestación antidemocrática de la tiranía de la muchedumbre. Pero este rechazo instintivo es injustificable si se toma en cuenta el papel que ha jugado la movilización en tiempos recientes. El poder de las masas gozó un apogeo a mediados del siglo veinte, los días de los poderosos líderes populistas – Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Cárdenas en México, Velasco Ibarra en Ecuador, Calderón Guardia en Costa Rica y el rey sin trono, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue sofocado durante los años sesenta y setenta por las peripecias de la Guerra Fría y las dictaduras implacables, y gradualmente resucitó como parte integral de la ola de redemocratización latinoamericana. El populismo de la calle se dio a ver en miniatura, por ejemplo en la figura de las intrépidas Madres de Plaza de Mayo en Argentina, y en grande, como en la demanda masiva de elecciones “diretas já” en el Brasil de 1984. Varios de los más importantes investigadores de la democratización en Latinoamérica, como Guillermo O’Donnell, Juan Linz y Manuel Antonio Garretón, señalaron la importancia de los brotes populares para empujar a las elites gobernantes hacia la apertura y la negociación.

Los años noventa, en el contexto de la homogenización política y económica del “Consenso de Washington,” sirvieron de suelo fértil para el florecer de dos nuevas formas de movilización. La primera fase le perteneció a los “nuevos movimientos sociales,” muchos de ellos inspirados por las Madres argentinas y, posteriormente, los Zapatistas mexicanos, para los que la revolución violenta no era más que una cortina simbólica. Estos novedosos colectivos revelaron la capacidad de grupos tradicionalmente silenciosos – las mujeres, los campesinos, los indígenas, los desempleados – de hacerse ver y oír después de siglos de invisibilidad. Introdujeron además nuevas formas de acción política que han persistido como parte del repertorio de protesta latinoamericano: las marchas de los cocaleros en Bolivia y de la confederación indígena CONAIE en Ecuador, los “piquetes” (cortes de ruta) de los desempleados en Argentina, los “cacerolazos” de las víctimas del neoliberalismo, arrastradas nuevamente hacia la pobreza, y las manifestaciones espontáneas, facilitadas por la propagación de los teléfonos celulares y las “redes sociales” virtuales. La segunda fase, impulsada por la crisis del neoliberalismo del fin de siglo, se caracterizó por las épicas movilizaciones populistas, durante las que los nuevos movimientos se unieron a los tradicionales (i.e., los sindicatos laboristas) y, más sorpresivamente, a las clases medias hasta entonces solipsistas y apáticas, para demandar el regreso del estado benefactor y la re-priorización de la justicia social. Fue esta segunda fase la que culminó con las guerras populares que derrocaron a múltiples gobiernos neoliberales y eventualmente llevaron al regreso de la izquierda al poder en varios países latinoamericanos.

El impacto de la protesta social es determinado por su contexto específico, pero su presencia continúa siendo impactante a lo largo de la región. El levantamiento guatemalteco en repudio al ahora ex presidente Otto Pérez Molina es una instancia de la protesta en su papel más positivo: un pueblo clamando en contra de un liderazgo criminal de la peor estirpe, un pueblo que no pide más que responsabilidad y transparencia de sus gobernantes y justicia de sus instituciones políticas. El cambio fundamental que requiere la sociedad guatemalteca, por supuesto, no emergerá de las marchas callejeras, que son en última instancia llamaradas transitorias. Pero esta realidad no les resta importancia. Su significado moral es aún más evidente en el resto de América Central y en México, donde la urgencia de la lucha contra el narcotráfico y la inconcebible violencia que este ha engendrado han dejado poco espacio para otras cuestiones políticas, económicas o sociales, y la movilización es en gran parte un instrumento de denuncia, de reclamo por la seguridad y la dignidad perdidas, catártico pero impotente.

En Venezuela, en contraste, la absoluta polarización ideológica ha creado un ambiente insalubre para la movilización ciudadana. Al igual que el resto de sus vecinos, Venezuela experimentó un alce en la protesta social durante los años noventa, pero su impacto fue atenuado por la estruendosa presencia de Hugo Chávez, primero con su fallido golpe de estado en 1992, y luego con su inesperada victoria electoral en 1998. Su Revolución Bolivariana instituyó un lenguaje político maniqueo, enfocado en la vanaglórica y mesiánica figura del mismo Chávez. La oposición venezolana, por su parte, adoptó en respuesta una posición igualmente inflexible y, en última instancia, anti-democrática, como lo demostró el asimismo fallido golpe de estado contra Chávez en 2002. La muerte de Chávez y su lamentable decisión de elegir como su sucesor a Nicolás Maduro, un acólito sicofántico sin preparación o capacidad, han creado una atmósfera que el ex presidente uruguayo José Mujica acertadamente calificó como “in-madura.” Una de sus consecuencias más funestas ha sido la efectiva criminalización de la protesta ciudadana – ejemplificada por la reciente e indefensible sentencia a trece años de prisión del líder opositor Leopoldo López. En Venezuela ha emergido uno de los vástagos más temibles del populismo: la ruptura social entre dos “pueblos” en completa oposición, en la que ambos campos han perdido la fe en la capacidad de la negociación política o la deliberación democrática de resolver sus diferencias.

Con la profundización de la crisis económica mundial, el resto de los gobiernos de izquierda en la región se han debilitado y, por consecuencia, se han convertido en blancos más atractivos para una nueva marea de movilización social. Libres del binarismo venezolano, en estos países la protesta es animada, energética y multifacética. A diferencia del chavismo, el kirchnerismo en Argentina, el evismo en Bolivia y el correismo en Ecuador fueron precedidos por levantamientos populares. Néstor Kirchner, su sucesora Cristina Fernández, Evo Morales y Rafael Correa ascendieron al poder mediante promesas de renovar el contrato social, de reemplazar la lógica del capital por la lógica de la justicia. La izquierda acusa a estos líderes de haber traicionado a sus bases de apoyo y de haber cooptado a los movimientos sociales que les propiciaron legitimidad pero evitado su integración real en los círculos del poder. La derecha los acusa de promover políticas económicas “ineficientes,” de intolerancia a la crítica de los medios de comunicación privada y de reemplazar la democracia representativa por una política plebiscitaria basada en el apoyo acrítico de la masa popular. Ambos lados concurren en sus críticas a las estrategias de liderazgo monolíticas, personalistas y dinásticas.

Los oponentes de los líderes de izquierda, entonces, provienen de ambas alas del espectro ideológico, cada una de las cuales ha logrado generar sus propias encarnaciones del “pueblo” en movimiento. El “pueblo” argentino ha sido personificado por los piqueteros y los movimientos sociales, pero también por las insurrecciones del “campo” en 2006 y 2008 lideradas por las grandes compañías agro-industriales, por las marchas de indignación alrededor de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman y por las multitudinarias demostraciones demandando la protección de las mujeres frente a la violencia doméstica. En junio de este año el “pueblo” ecuatoriano liderado por la derecha salió a las calles para rechazar furiosamente nuevas leyes impositivas y, casi simultáneamente, liderado por la izquierda, para protestar la falta de acciones que promuevan la pluriculturalidad. La situación es similar en Brasil, que estos días se balanza en una cuerda floja sobre el abismo de la inestabilidad del que parecía haber escapado. Esto se refleja en las demandas de los pobres por mantener los logros de los años dorados de Lula, en los imperdonables llamados de ciertos sectores de la clase alta a un nuevo golpe militar, en la ira generalizada frente a los escándalos de corrupción.

La efervescencia callejera en todas estas naciones sugiere que se aproxima una etapa de cambio en la región, quizás incluso una nueva oscilación pendular. La movilización de los pueblos sin duda jugará un papel protagonista en la nueva era, como la ha hecho en el presente momento. El poder popular es contingente, sin embargo, potencialmente constructivo o destructivo. “Millones ya, imponen la verdad,” dice el canto de protesta. Hay que tomar cuidado de idealizar la capacidad del “pueblo” de reconocer o avanzar la verdad. Al mismo tiempo, el que descarta la importancia de la participación multitudinaria malentiende la realidad política latinoamericana.

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