Argentina Español slider — 07 February 2016

Por

Sebastián Grimblat

Antes que se cumplan sus primeros cien días de gobierno, la administración presidencial de Mauricio Macri ha desplegado un conjunto de medidas para establecer la tendencia política de su gestión.

El veintidós de noviembre de 2015, Macri, candidato de la Alianza Cambiemos, se impuso frente al candidato oficialista del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, por un magro margen de dos puntos en el primer balotaje de la historia argentina. Tal resultado puso fin a doce años de kirchnerismo a cargo de la gestión del Estado. La victoria de Cambiemos se produjo en dos etapas, como consecuencia de las particularidades del sistema electoral argentino (Grimblat, Una extraña derrota, 2015). En la primera vuelta electoral Macri inesperadamente recibió solamente dos porciento menos de votos que Scioli, forzando así el balotaje por la elección nacional. En esta segunda ronda Cambiemos derrotó al FPV con una igualmente magra diferencia.

El reordenamiento del mapa político argentino se comenzó a vislumbrar durante el breve período de transición entre el veintidós de noviembre de la elección y el diez de diciembre de la asunción presidencial. Por lo general, los traspasos de gobierno democráticos suelen ser de recomposición, diálogo y alivio, algo así como que las fuerzas políticas se reúnen para limpiar el campo de batalla de la contienda electoral. En esta ocasión ocurrió lo opuesto, demostrando que la disputa por el poder no se ha agotado con las elecciones. A partir del relato de ciertos sucesos, buscaremos figurar cómo las tensiones políticas e ideológicas se han ido agudizando.

Tras una breve reunión protocolar y cordial entre el presidente electo y quien aún estaba en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, todo parecía indicar que el diálogo había transcurrido amablemente en lo referido a la transición y al acto de entrega del mando a celebrarse el diez de diciembre. Sin embargo, después del encuentro Macri declaró en una entrevista cedida a TN, canal principal del grupo Clarín, que la reunión había sido “una pérdida de tiempo”. Afirmó que había buscado establecer una agenda política de transición, pero en lugar de esto sólo se dialogó sobre el acto protocolar. Agregó que la propuesta de la presidenta de traspasar los honores presidenciales en el Congreso de la Nación era incorrecto y que el traspaso se debía realizar en Casa de Gobierno. Posteriormente la presidenta hizo un descargo en su cuenta de Twitter, dando su versión de los hechos y denostando a su oponente. La discordia se convirtió en tema de debate predilecto en los medios de comunicación tanto afines al gobierno saliente como opositores.

No hubo acuerdo, lo que desembocó en dos hechos trascendentes. Primero, Cambiemos buscó el apoyo del poder judicial, el cual estableció, según una polémica interpretación, que el gobierno de la presidenta Kirchner concluía con el último instante del día nueve de diciembre. El segundo, que por primera vez en la historia, en una sucesión democrática un presidente no le entregaría la banda presidencial a su sucesor. Comentó la presidenta, posiblemente más en tono de chicana política, que de asistir se la podría acusar de haber usurpado el poder por doce horas.

La batalla ceremonial reflejó la continuación de una confrontación entre dos modelos de hacer política, de comprender la política e interpretarla. La tensión generada hasta lo grotesco alrededor de la asunción de mando no hizo más que exacerbar la tensión política y social. Recurrir a la justicia para resolver la cuestión también fue un mensaje, no sólo de Mauricio Macri a Cristina Fernández, sino una expresión clara que el nuevo presidente cuenta con el apoyo de una buena parte del poder judicial.

En el último día de su mandato, Fernández presidió en un acto multitudinario la despedida de su gobierno, al cual asistieron, según cálculos realizados por la cobertura mediática, alrededor de setecientas mil personas. Por lo general los actos celebrados durante su administración contaban con una metodología de organización que giraba en torno a alguna fecha patria o algún acto de gobierno a resaltar. Eran motivadas por la convocatoria de amplios sectores que apoyaban al gobierno. Entre estos por lo general se encontraban sectores de la cultura, derechos humanos, sindicales, asociaciones de diverso origen y agrupaciones militantes. Todos ellos sumaban una gran estructura a la espontaneidad de miles de ciudadanos que se sentían contenidos y partícipes del “Proyecto Nacional y Popular” o del “Modelo” (como el kirchnerismo había nominado su proceso de gobierno). En esta ocasión la convocatoria fue básicamente espontánea.

Por primera vez en la historia, un presidente argentino saliente se despedía en un acto multitudinario de enorme envergadura y carga emotiva. Allí, la presidenta se refirió al pueblo argentino como “un pueblo empoderado” por los derechos adquiridos bajo los mandatos kirchneristas. Dicho empoderamiento fue anunciado como un foco de resistencia popular sobre lo que se alertara desde la campaña política del FPV sobre una eventual victoria de Macri: Éste realizaría una embestida de políticas neoliberales con la clara intensión de “arrasar con los logros” del Modelo.

El discurso fue un grito de guerra que invocó cierta mística, al mismo tiempo que dio un mensaje de advertencia a Macri y a sus aliados. Mística cuyo enunciado intentaba activar la memoria de “la resistencia peronista” que soportó la proscripción del peronismo y el exilio de Juan Domingo Perón. Mística que se ha sostenido viva en la memoria “del pueblo,” una representación, una nostalgia que no se extinguió ante persecuciones y vejaciones, sino que se amplificó.

El kirchnerismo saliente, haciendo uso de dicha retórica, plantea convertirse en el peronismo del siglo XXI.  Enuncia claramente que los sectores sociales nucleados en él se han plantado para dar batalla, están cavando trincheras y minando las playas para futuros desembarcos. Una cuestión es ganar las elecciones, advirtió Fernández en suma, y otra muy diferente es “tener el poder” en la Argentina.

El diez de diciembre Macri asumió la presidencia. Tras dar su discurso ante el Congreso de la Nación, se dirigió a la Casa de Gobierno a recibir los honores. Una vez finalizado éste, salió al balcón acompañado por su esposa, su hija menor y la Vicepresidenta de la Nación, quien cantó una canción popular mientras el presidente bailaba frente a una multitud que no alcanzaba a llenar la plaza.

El nuevo presidente mostró una rápida iniciativa política. En los sucesivos días fue emitiendo Decretos de Necesidad de Urgencia (DNU) y dando a conocer quiénes integrarían tanto su gabinete más próximo como la grilla de funcionarios de segundo y tercer orden. Tratándose de un partido prácticamente municipal, Cambiemos no cuenta con una fuerza propia y capacitada para cubrir el gran número de cargos estatales con gente de sus filas políticas, incluyendo a los dos distritos más grandes del país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

El conjunto de medidas impulsadas por el nuevo gobierno ha precipitado focos de tensión entre el “pueblo empoderado” y un gobierno que se encuentra recomponiendo un mapa de alianzas políticas para gobernar. Consideramos que allí se abren dos grandes espacios de análisis. Por un lado la recomposición del mapa oficialista del poder, la puesta en suspenso o ruptura de las alianzas electorales y nuevas configuraciones propias de un nuevo proceso de gobierno. Por el otro, las disputas por la organización y hegemonía de la oposición. Ambas comprometen a sectores del peronismo. Macri se enfrenta al dilema de con qué fragmento del peronismo quiere gobernar y a cuál quiere como opositor.

Esto nos permite presentar nuestra hipótesis de trabajo, que utiliza dos planos de interacción sistemática para comprender la política Argentina. Primero, aquello inherente al modelo de gestión política del Estado y las políticas públicas de la vida social y republicana. Con ello nos referimos a los criterios de adhesión o disenso a los criterios políticos con los cuales cada administración lleva a cabo políticas en salud, educación, economía, políticas sociales, política exterior, arte y cultura. A la vez, la adhesión o no sobre las formas que un gobierno interpreta las formas de construcción política, concepción del Estado, como la forma de convivir con las contradicciones e inconsistencias entre lo ideológico y lo pragmático en el arte de gobernar.

Segundo, los fantasmas que habitan la cultura política argentina: un sistema de reglas implícitas a las formas de inscripción social del poder que determina tanto los criterios de cohesión social y política como su rechazo, muchas veces vinculado con formas derivadas de la histórica violencia política en el país. Éste fenómeno básicamente opera como un apriorismo interpretativo que se despliega con cierta independencia del contexto histórico, sin reglas metodológicas específicas u orden ideológico definido. Es, para quién comprende su lógica interna, sumamente eficiente en su manipulación política. Nos referimos a las marcas culturales de la política argentina que, según la expresión freudiana, conviven bajo la forma de una compulsión de repetición. Se activan como representaciones sociales de una fantasmatología política que remite al derrocamiento de Perón en 1955 y la predisposición de una parte del Peronismo a la “Resistencia”.

Tal tensión entre las formas concretas y culturales de la gestión ha dominado el escenario político argentino desde los orígenes del peronismo, pero más precisamente desde su caída hasta nuestros días. Estos se expresan básicamente como sistemas de interpretación de la realidad política y cultural que tienden a dividir la sociedad argentina entre peronistas y anti-peronistas. Llama la atención que cuanto más tiempo pasa desde la caída de Perón mayor presencia cultural adquiere esta tensión. Tal mecanismo se comporta a modo de zonas erógenas del cuerpo social que se excitan ante formas de agitación con un alto coeficiente de eficacia política. El “empoderamiento” al que se refirió Fernández intenta precisamente excitar cierto tejido social organizador de la “resistencia peronista”. La judicialización de la asunción de mando, por el otro lado, retomó la tradición de la mano aleccionadora al peronismo incorregible.

Otro ejemplo de lo que intentamos graficar remite a los sucesos de 2008, cuando el gobierno kirchnerista quedó arrinconado por el paro agropecuario y la rápida coalición opositora de sectores antagónicos entre sí, tras la crisis derivada de las retenciones al monocultivo impuestas por la Resolución 125. El kirchnerismo cambió la derrota de ese momento por la victoria simbólica, a partir del reencuentro con una retórica específica que tuvo un fuerte impacto social en diversos sectores. Así como miles de ciudadanos salieron a golpear sus cacerolas en señal de repudio al gobierno kirchnerista, otros miles coparon las calles para denunciar las intensiones golpistas, “gorilas” y destituyentes de una protesta que realzaba los valores y las organizaciones cómplices del golpe militar de 1976.  

El gobierno kirchnerista supo recomponer eficazmente una discursividad que se erigió como representativa entre los intereses populares y el Estado. La oposición fue caracterizada como el “enemigo,” los intereses concentrados de la economía que “claramente” estaban opuestos a los “intereses populares”. Por lo general el kirchnerismo aplicó hacia los críticos y opositores una suerte de “protocolo” que consistía básicamente en vincularlos con intereses tendenciosos del Grupo Clarín y con formas e intereses en correlación con la última dictadura militar. En ciertos casos tales acusaciones son pertinentes, como el de la Sociedad Rural en 2008, organización tradicionalmente alineada con la derecha. En otros las acusaciones han sido desmesuradas, descalificadoras y distorsivas, aplicadas a periodistas, intelectuales y artistas críticos al kirchnerismo.

En síntesis, la mística divide claramente quién es el amigo y quién el enemigo. Para los kirchneristas, Macri es la encarnación viva, más clara y extrema  de su enemigo político.

El componente cultural de nuestro análisis remite a aquello que se suele denominar bajo la noción de “mística”, el cual, si bien es inespecífico, se comporta como un conjunto de representaciónes sociales de contundente eficacia política, por su contenido tanto emocional como racional. El justicialismo en su historia contiene dos formas de ella. Una cuando se encuentra en el gobierno, la otra cuando se encuentra fuera de él. El kirchnerismo durante su etapa de gobierno tendió a superponerse al peronismo pero no lo recubrió plenamente. Es un sector político identificado con una parte de la historia del peronismo, pero ha dejado fuera de su movimiento a otro sector del PJ con el cual se distancia y diferencia con claridad. Asmimso, al kirchnerimo se sumaron sectores no justicialistas, incluso confronatdos históricamente con el PJ. Tal es el caso del Partido Comunista Argentino, que integrara la Unión Democrática en 1945 para enfrentar a Perón en las elecciones y actualmente ha dado públicamente su apoyo a los candidatos kirchneristas.

La historia de estas dos facciones confrontadas del PJ es compleja. Comunmente se la entiende como el conflicto entre el peronismo de derecha y el de izquierda. Las dos tendencias del movimiento han tenido una difícil conviviencia como integrantes de un mismo partido. La histora de dicha partición se inició tras el derrocamiento de Perón en 1955, ya que el carismático líder había atraído a su partido sectores vinculados a la derecha y a la izquierda. Tras su derrcamiento, el justicialismo fue proscripto como partido politico. El movimiento quedó a cargo de su lider en el exilio. Perón conservó  un liderazgo incuestionable para los diversos sectores del movimiento, los cuales comenzaron a disgregarse orgánicamente. El justicialismo por un lado conservó su territorialidad institucional, atrincherándose en la actividad sindical, al mismo tiempo que “el pueblo peronista” conservó una identidad que la represión y la proscripción no lograron borrar.

Del otro lado, se desarrolló un antiperonismo extremo, hasta delirante, personificado por la junta militar agrupada en lo que se llamó la “Revoluvión Libertadora”. Esta revolución, lejos de extirpar las bases populares del peronismo, produjo un efecto adverso. Lo constituyó en un mito viviente, donde generaciones que no vivieron su etapa gloriosa lo idealizaron, orientándolo según sus deseos por diversos caminos de la política y en un contexto internacional que fue variando.  Muchos jóvenes militantes de los años setenta, dispuestos a ofrecer sus vidas por el retorno al páis del General Perón, no sólo no habían vivenciado el peronismo sino que tampoco provenían de hogares ni peronistas ni obreros.

El derrocamiento de Perón y su expulsión al exilio en 1955 abrío dentro del justicialismo una generación de dirigentes quienes, dentro del país, desarrollaron el concepto de “peronismo sin Perón,” el cual consistía en una mesa dirigencial, básicamente sindical, que negociaba con los gobiernos de turno bajo la proscripción del partido. En paralelo a ello, el pueblo peronista estableció la lucha y la resistencia con la esperanza que el viejo caudillo retornara al país. Con el correr del tiempo, se fueron diferenciando dos corrientes claras dentro del movimiento. Por un lado el peronismo sindical, que eventualmente se alineó con la derecha. Por el otro, principalmente una juventud que militaba el reclamo popular del retorno de Perón al país fue orientándose hacia corrientes católicas nacionalistas. Una buena parte de ellos, bajo el contexto revolucionario internacional, se fue orientando hacia posiciones de izquierda, seducidos por el ideal revolucionario.

Perón adoptó como estrategia estimular por separado a ambas facciones del movimiento, con la ilusión que estos serían reintegrados en un solo movimiento con su retorno. En pocas palabras, Perón lideraba un movimiento de izquierda y de derecha simultáneamente. Sin embrago, no hubo integración posible tras el retorno. Las facciones se enfrentaron violentamente en el aeropuerto de Ezeiza, en lo que debío ser la fiesta popular de su regreso.

Posteriormente a la matanza de Ezeiza se produjo durante el acto del Primero de Mayo de 1974 el histórico episodio donde Perón echó de la plaza a los Montoneros. Estos pasaron a la clandestinidad, quedando como foco de la represión, primero de la Alianza Anticomunista Argentina, la infame “Triple A.” Esto creó el antecedente de lo que  posteriormente se transformó en terrorismo de estado tras el golpe de 1976. La expulsión de Montoneros de la plaza dejó a la intemperie a un conjunto de agrupaciones peronistas juveniles. Con esta división el peronismo quedó fragmentado entre aquellos que se quedaron en la plaza y aquellos que debieron abandonarla. El kircherismo se identifica con aquel peronismo que debió retirarse, el perseguido por la Triple A y posteriormente por la dictadura.

Tal identificación ha constituído la mística kirchnerista de haber integrado un proyecto que retoma las banderas de la juventud masacrada y perseguida por sus ideales. Es digno destacar que la iconografía kirchnerista prácticamente excluye al General Perón, pero resalta a la mítica Evita. Como solía decir el cántico de los años setenta, “Si Evita viviera sería Montonera.” Su actualización proclamaría que si viviera sería kirchnerista.

El pueblo empoderado deberá resistir a Macri y a Cambiemos, así como en los setenta resistió la dictadura. Éste pueblo empoderado compone una masa activa y organizada políticamente en un contexto inédito en el país. Las organizaciones políticas leales al kirchnerismo se disponen a resistir al gobierno de Cambiemos, al cual le atribuye, a cada signo, gesto e indicio, intensiones macabras neoliberales al mismo tiempo que agita su propia mística fundacional.

Macri, pero posiblemente más sus asesores, están al tanto de lo expuesto más arriba. Han tomado un conjunto de medidas que intentan diferencirse del ex presidente Fernando De la Rúa, responsable político de la crisis de 2001. Enfrentaron a la presidenta Fernández durante la transición, buscando dar el mensaje que la “gran dama de la política argentina” no los iba a doblegar. Por ejemplo, que una justicia que apoyó a Macri puede complicar la situación judicial de la ex presidenta ante causas pendientes y potenciales denuncias.

Por otro lado, Macri integró a su gabinete un conjunto de ejecutivos empresariales, alimentando las sospechas que su gestión tomaría una veta más financiera que política. En el acto de asunción celebrado en el Congreso de la Nación, Macrí se dirigió al país con un discurso similar al de su campaña. Prometió respetar a la República, luchar contra la corrupción, combatir el narcotráfico. Expuso la necesidad de reducir los antagonismos y enfrentamientos legados por el gobierno anterior. Planteó la función del Estado como un potenciador de las iniciativas de los ciudadanos. En el plano internacional, expuso su posición en torno a alianzas estratégicas desacertadas de sus predecesores,  prometiendo derogar el memorandum de entendimiento con la República Islámica de Irán y denunciar a Venezuela por la situación de presos políticos y falta de libertades en dicho país.

Como primer gesto simbólico tras la asunción, el presidente concretó una reunión junto a todos los gobernadores de las provincias argentinas, independientemente del color político de estos. Dicha reunión constituyó un momento auspicioso, visto que durante toda la administración Kirchner no se realizaron reuniones similares. En el momento de posar para la foto, la prensa destacó el amable trato entre el presidente y Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz y hermana del ex presidente Néstor Kirchner. También el presidente se destacó por posar para la foto de su primer reunión de gabinete con todos sus ministros, un gesto ausente también durante el gobierno kirchnerista. Todo ello constituyó una esrategia de mostrar otra imagen de gobierno, menos personalista y más abierta.

Durante los primeros días, en paralelo a los gestos simbólicos tendientes a cambar la imagen de gobierno, tanto el presidente como sus ministros evocaron constantemente la “pesada herecia recibida” de los gobernantes que los precedieron. Hicieron referencia a estadísticas difusas provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INDEC), que no permitían un conocimiento fehaciente de la situación del país, postulando que si no se conoce las estadísticas reales de inflación, pobreza y desempleo, no se puede hacer un diagnóstico claro de lo recibido. También hicieron alusión a que en el Banco Central había escacés de dolares. Los referentes de las diversas áreas y ministerios dieron a conocer que las plantillas de personal que trabajaba en el Estado era excesiva, correspondiendo a un incremento significativo por designaciones durante el último tramo del gobierno de Fernández. Se dio como ejemplo que el Senado de la Nación, al comenzar el segundo mandato de Fernández, contaba con cerca de tres mil empleados, pero al finalizar con más de cinco mil. La vicepresidente de la nación, Gabriela Michetti, a cargo de dicha entidad, dijo no comprender qué función cumplen todas las nuevas designaciones, dejando en claro que se trata de designaciones políticas destinadas a la militancia kirchnerista.

Junto a la pesada herencia, la nueva administración asumió el poder en medio de una corrida inflacionaria originada durante los últimos días del gobierno de Fernández, que continuó durante las primeras semanas con Macri en el poder. Sobre este punto hay un debate abierto. El kirchnerismo postula que la inflación se debió a la expectativa generada por la apertura del cepo cambiario, el cual ubicaba un conjunto de restricciones al acceso de las divisas extranjeras. Desde que se inició la medida, hubo un valor del dólar oficial regulado por el Estado y otro extraoficial regido por el mercado negro, popularmente llamado “Blue,” que cotizaba varios pesos por sobre el oficial. La intepretación sostiene que la expectativa generada por la quita de las restricciones ubicaría al dólar oficial a la par del ilegal. Por lo tanto el mercado se anticipó a la medida generando inflación previendo la devaluación del peso. Desde el gobierno sostienen que la inflación se debe a una acomodación de precios por un dólar sostenido demagógicamente bajo por fines electorales, otro ejemplo de la negligencia del gobierno kirchnerista.

Por otra parte, a la “pesada herencia” se le debe oponer la ausencia de capital político de Cambiemos para asumir, ya sea tanto que se trate tanto de dirigentes de su propio riñón, como provenientes de sus aliados electorales. Tal situación queda a la vista por las designaciones a cargos de gestión inexplicables ya que se trata de personas sin conocimiento o experiencia en la materia. Todo ello no sólo desnuda la precariedad de Cambiemos como partido, sino que pone en duda la consistencia de su alianzas electorales, especialmente con la Unión Cívica Radical, ya que no ha recurrido a ellas para ocupar puestos claves. También las particularidades de las designaciones ponen de manifiesto su matriz ideológica. Esto fue disimulado durante la campaña con la retórica amable, conciliador y falto de toda intención revanchista, por lo que se podría concluir que Cambiemos desarrolló un conjunto de alianzas para llegar al poder y, una vez en él, necesita reconfigurar su espacio político ante una correlación de fuerzas desfavorable en ambas cámaras del Congreso y entre los gobernadores provinciales.

Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido con sus aliados electorales, Macri ha cumplido celosamente con diversos sectores bajo la modalidad de emisión de una catarata de DNUs, cumpliendo rápidamente con algunas de sus promesas de campaña y compromisos con quienes lo apoyaron e impulsaron a la presidencia. Las medidas abarcan diversos ámbitos de la gestión. En lo relativo a lo económico las medidas impulsan disminución de retenciones al campo y la apertura de lo que se concoce como “cepo cambiario,” el cual impedía la compra libre de divisas extrangera acompañada de una devaluación al pasar de un dólar de nueve pesos a trece. También quitó el impuesto a la compra de vehículos de alta gama.

Con dichos decretos, y más allá de las particularidades de cada uno de ellos, Macri cumple con sectores de la clase media y media alta al permitirles el acceso al dólar libre. Cumple también con los grandes grupos concentrados del sector agropecuario y de la industria. Se anuncia el acceso a créditos internacionales. La oposición acusa al gobierno de tomar medidas que van contra el bolsillo de la gente. El gobierno se defiende argumentando que ellos deben hacerse cargo del despilfarro de la gestión anterior y que dichas medidas tienen como fin volver a equilibrar la balanza comercial y lograr que el Banco Central cuente con una cantidad adecuada de dolares.

El DNU más resistido fue la designación de dos miembros para sustituir vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Si bien es discutible su legalidad, tal designación muestra la primer contradicción flagrante con las promesas de campaña, ya que parece no conformarse a los principios democráticos y republicanos. Otra lectura posible es que para dichas designaciones contaba con el apoyo de una parte del Poder Judicial. Recordemos que Macri asumió el poder tras un fallo favorable de la justicia. Sobre este punto es digno de resaltar que durante durante su segundo mandato Fernández sostuvo un cuestionamiento constante al Poder Judicial, conjuntamente con iniciativas para modificarlo. Esto llevó a fuertes confrontaciones entre el mencionado poder y el ejecutivo.

También por DNU se intervino con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un ente central en la guerra entre el kirchnerismo y el grupo mediático Clarín. Tal intervención modificó de hecho una ley naciónal por decreto. Si bien el DNU deberá ser refrendado por el congreso, la modalidad es intempestiva e institucionalmente violenta. Como consecuencia de la intervención, se le pidió la renuncia a su director Martín Sabatella como director de la entidad. Éste tenía mandato, como prevee la reglamentación por cuatro años, dos años con un gobierno y otros dos con el sucesor.

Lo llamativo de todo ello es que no hubo debate previo ni discusión. Esto no se corresponde con lo expresado en la campaña de Cambiemos. Aparentemente el nuevo gobierno debe cumplir y respetar promesas de campaña con las empresas reguladoras de los medios masivos de comunicación pero no con la ciudadanía. Otra interpretación implica la necesidad de establecer en un primer momento del mandato un blindaje mediático ante medidas impopulares. El gobierno ahora cuenta tanto con la prensa “independiente” de capitales privados, confrontada con el kirchnerismo, como con los medios oficiales bajo control del Estado.

El DNU, en cuanto medio de gobierno, merece algunas consideraciones. Es un instrumento del Poder Ejecutivo contemplado en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Su sanción del DNU tiene efecto de Ley hasta tanto el congreso lo analice. Se lo concibe, como lo indica su nombre, como una medida a realizar bajo situaciones de excepción o urgencia. Todos los DNU emitidos por la nueva administración deberán ser tratados por ambas cámaras del Congreso una vez que inicien sus sesiones ordinarias, cuyo período habitual es de marzo a noviembre.  La pregunta que subyace es ¿Cuál es la urgencia y la necesidad de tales medidas? La respuesta, desde nuestra interpretación es más política que urgente. Macrí se encuentra en clara minoría en ambas cámaras. Como expondremos posteriormente, su apuesta política es barrer con lo que queda del kirchnerimos en el poder. Para ello busca alianzas con aquel peronismo no kirchnerista y con aquellos sectores que formaron parte del gobierno anterior dispuestos transformarse y alejarse del núcleo kirchnerista.

En el plano internacional, Macri derogó el Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, madida del gobierno de Fernández súmamente polémica e ineficaz. La disputa y el contexto de dicho memorándum concluyó entre otras cuestiones con la no esclarecida muerte del Fiscal Alberto Nisman hace una año. Nisman denunció que dicho memorandum se vinculaba con una maniobra de encubrimento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrido en 1993. Por tal motivo Nisman solicitaba la imputación de la presidenta como encubridora del atentado. Un día antes de presentarse en el Congreso de la Nación, apareció muerto en el baño de su casa, en un contexto que deja más preguntas que respuesta y más especulaciones que certezas. La derogación del memorándum constituye una señal clara de un cambio de posición geopolítica de Argentina en el mundo, se separa de los aliados internacionales del Kircherismo para fortalecer relaciones nuevamente con los paises poderosos del mundo.

En consonancia con lo anterior, Macri asistió a la cumbre del Mercosur planteando en su discurso que tal entidad deba pasar de ser una organización política y adoptar la meta de potenciar las economías de los paises de la región. Denunció al gobierno venezolano, debilitado por la reciente derrota en las elecicones parlamentarias, por sus presos políticos y por no respetar las libertades individuales. Tras estas declaraciones, el mensaje se hizo claro: Argentina vuelve a alinearse con Estados Unidos y Europa, oponiéndose al eje financiero de la región, es decir, los petrodólares venezolanos.

La “pesada herencia” también incluye lo relativo al debate por la discusión salarial en la mesa de negociación entre los convenios colectivos de trabajo y la patronal. Dicho proceso se conoce en la argentina como “paritarias salariales”. El debate por las mismas es todo un signo sobre la orientación ideológica de un gobierno. Implica también reconocer oficialmente la inflación y el deterioro del salario, al igual que equilibrar las ganancias del sector empresarial con el sueldo de los trabajadores. Las paritarias también comprometen al sector público, el cual, habiendo denunciado las nuevas autoridades por la desmesura de designaciones, se comprometen a adecuar el personal del Estado a las necesidades para su funcionamiento. En otras palabras, se reducirá la planta de estatales.

Con relación al proceso de paritarias el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, sostuvo que si bien las paritarias no tienen techo salarial, será cuestión de que las exigencias del sector sindical no pongan en riesgo fuentes de trabajo. Los sectores sindicales, por supuesto, denunciaron tal posición.

Con relación a los empleados estatales, durante el último tramo del gobierno de Fernández, miles de contratados pasaron por decreto a planta permanente en diversas oficinas o dependencias públicas. Dicho procedimiento siempre ha sido habitual en los cambios de gobierno. Sin embargo sus sucesores rápidamente tomaron la iniciativa al dar de baja miles de designaciones, aludiendo que dichos empleados del Estado no cumplían funciones claras allí. El ministro de economía declaró que había que quitar del Estado “la grasa de la militancia”.

La expresión del Ministro activa una polisemia interesante. Por un lado podría aludir a una concepción de fitness, alivianar, permitir mejor salud y circulación sanguinea al funcionamiento público. Por otro, el significante grasa alude al modo despectivo, clasista y recista con el cual el antiperonismo oligárquico se refería al pueblo peronista.

Al parecer, el criterio por el cual se han dado de baja miles de empleados públicos no es la consecuencia de una auditoría clara. Lo realizado deriva  de haber tomado las fechas de ingreso por contrato o pase a planta permanente y a partir de allí darlas de baja. Aludiendo que el personal para ciertas tareas y dependencias es excesiva y desmesurada. Se argumenta que muchos de esos empleados estatales claramente no desempeñaban funciones administrativas sino de militancia política. Por lo general se alude que estos empleados son militantes de la facción ultrakirchnerista “La Campora”. Es decir, según el gobierno, eran militantes de organizaciones de base a quienes se les contrataba desde las secretarías para militar a favor el gobierno saliente. No está claro que todos los despedidos pertenecían a una plantilla exclusivamente militante sin funciones concretas y necesarias en las oficinas públicas.  Es un hecho conocido que buena parte de la militancia era sostenida economicamente con éste tipo de contratos. Sin embargo, muchos de los despedidos formaban parte de programas cuyo fin era dar coberturas sociales. Sin los resultados de una auditoría específica y clara, es imposible determinar si el criterio anunciado es acorde a la realidad.

Las nuevas autoridades vienen desplegando un plan político de deskirchnerizar el funcionamiento del Estado, pretendiendo cortar el flujo financiero de las organizaciones kirchneristas. El costo social es alto, ya que ello combina tanto los justos reclamos de trabajadores con la protesta de militantes kirchneristas, que aún no asumen el costo de la derrota electoral. Por otro lado, llama poderosamente la atención cómo tanto dirigentes políticos de diversas fuerzas, como organizaciones sindicales han sido súmamente tibios y cautos en el reclamo por los despedidos y cesanteados. Se puede conjeturar que tales medidas de alguna forma cuentan con el apoyo de sectores políticos que ven con buenos ojos el debilitamiento del aparato kirchnerista. Una parte del PJ  anhela que el gobierno actual haga el trabajo sucio de debilitar al kirchnerismo para que éste se vea reducido en la interna partidaria por la conducción del peronismo y liderazgo de la oposición.

Es digno de señalar que mas de diez mil personas han perdido su empleo. Tal cantidad de desocupados constituye un problema humanitario para el cual el gobierno no ha expuesto ningún plan de contingencia. Bajo estos argumentos de desmesura de gastos y designaciones a militantes kirchneristas, se han dado de baja secretarías y programas que, más allá de sus imperfecciones o de ser objeto de manipulación política, tenían como destino dar coberturas sociales a miles de ciudadanos. Hay cierto consenso en las fuerzas políticas que la agrupación kirchnerista “La Cámpora” se vio beneficiada con un conjunto de designaciones de sus militantes para puestos públicos. Y que estos no tuvieron cómo optimizar el funcionamiento del Estado sino dar empleo a sus militantes. Tal actitud es denunciada como un financiamiento encubierto del aparato político kirchnerista, haciendo uso político de las secretarías y programas de Estado. Tanto los despidos como el cierre de programas o reducciones de presupuesto son parte de una estrategia cuyos efectos serán más que complejos. Bajo la denuncia a la desmesura kirchnerista, el nuevo gobierno va desmantelando las redes de coberturas civiles y sociales.

Recordemos que, tras la crisis de 2001, un àmplio sector de la sociedad argentina se quedó sin coberturas sociales. La ampliación de derechos civiles producidos durante el kirchnerismo, principalmente su política jubilatoria y la asignación Universal por Hijo, conjuntamente con otros programas sociales, expandieron las formas de inclusión social. Muchas de estas políticas fueron llevadas a cabo por sectores y organizaciones sociales afines al gobierno. La nueva administración ataca los programas directamente, desconociendo la función social de los mismos. Por lo tanto lo que hacen es un doble juego: bajo el argumento de atacar el mal uso de los recursos, desmontan las redes de coberturas sociales que han contenido los efectos de la crisis de 2001.  El desmontaje de dichas estructuras destinará, si no se plantea una nueva administración de los mismos o un plan de contingencia, a una buena parte de la población a la desesperación y la marginalidad.

Un espacio de resistencia a las medidas de Macri, que apareció durante la campaña electoral y ha persistido en los primeros días de gobierno, fundamentalemnte viabilizado por las redes sociales y actos públicos de protesta, lo conforman las llamadas “Plazas del Pueblo”. Allí, por ejemplo, el ex Ministro de Economía Axel Kicillof analizó críticamente frente a una multitud las medidas económicas del nuevo gobierno. Anunció que ninguna de estas medidas estaba dirigida a beneficiar al pueblo. Del mismo modo los panelistas del programa oficialista emitido por la televisión pública 678 hicieron su descargo tras culminar sus contratos y no integrar más la grilla televisiva del canal estatal, denunciando su alejamiento como un acto de censura. Martín Sabatella, frente a millares de ciudadanos, convocó a defender la Ley de Medios. También acompañó en un multitudinario acto al periodista de tendencia kirchnerista Victor Hugo Morales, denunciando como acto de censura  el abrupto despido de radio Continental; medio privado de capital español donde el periodista trabajó por años. Tales consignas viralizadas por redes sociales como “Las Plazas del Pueblo” presentan consistencias diversas. Allí se encuentran advertencias claras sobre un cambio de paradigma político y social y sus consecuencias. Estas conviven con un conjunto de proclamas, informaciones inexactas y difusas. Muchas de estas expresan la descarga catartica de sectores que no pueden ni aceptar ni asumir los costos de la magnitud de la derrota electoral.

El pueblo “empoderado” rápido de reflejos reacciona ante todas las señales del nuevo gobierno con denuncias, lamentos y disconformidades. Las redes sociales se han convertido en el instrumento predilecto para emitir estos mensajes. Todos ellos parecieran remitir por momentos a la conocida fábula del pastorcito que anuncia reiteradamente la llegada del lobo. La pregunta que subyace, si el lobo llega y ocasiona un desastre, la responsabilidad será de quíen no ha escuchado las señales o de quien perdió credibilidad por sus falsas alarmas.

Sobre las denuncias expuestas con anterioridad, es prematuro afirmar con vehemencia si se trata de censura. Es igualmente alarmante que la grilla no contenga muchas voces opositoras de renombre. Habrá que evaluar con el tiempo si tales acciones corresponden a la movilidad y reorganización de la grilla informativa como parte de la dinámica lógica de los medios de comunicación tras un cambio de signo político,  o si se tratara de manifiesta censura. Más allá del debate conceptual y jurídico sobre la censura, tales movimientos son parte de los juegos de poder, donde la información integra la batalla política tanto en el espacio público como en el privado.

El gobierno de Macri no desconoce el contexto. Se propone, como expuso el Ministro de Economía, a eliminar “la grasa del kirchnerismo”. El problema es que la modalidad de DNUs evita el funcionamiento de los mecanismos de la República, porque invalidan la vía parlamentaria, clave para el funcionamiento democrático. Deskirchnerizar el poder del Estado parece ser un objetivo primordial del nuevo gobierno en sus primeros cien días, lo cual imlpica ir a contrapelo de lo propuesto en la campaña de Cambiemos, que propinía “zanjar la grieta” que divide a los argentinos. El camino escogido es profundizarla o mantenerla como parte de una estrategia.

Las coberturas sociales son un costo que el nuevo gobierno pareciera no pretender asumir.  El concepto de Estado al cual alude Macri en su discurso de asunción es coherente con sus medidas de gobierno. La lógica de sus acciones comprenden una clara expresión neoliberal de la política, la sociedad. El Estado según Macri debe ejercer el rol de acompañante de la iniciativa individual volviendo a la teoría del “capital humano”, al voluntarismo individual, al hombre sin sociedad. La previsión estatal no debe obstaculizar el potencial emprendedor de las personas. El Estado fija reglas y es guerdián de los márgenes. La pregunta que subyace es qué políticas se van a desplegar hacia quienes no logran integrarse o sean expulsados del sistema.

 

Grimblat, S. (2015 йил 09-Noviembre). Kichnerismo de Vida. Kirchnerismo de Muerte: Panorama Político Argentino en Torno a las Elecciones 2015. From Southern Pacific Reviu: http://southernpacificreview.com/2015/11/09/kirchnerismo-de-vida-kirchnerismo-de-muerte/

Grimblat, S. (2015 йил 11-Diciembre). Una extraña derrota. From Southern Pacific Review: http://southernpacificreview.com/2015/12/11/una-extrana-derrota/

 

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